

La instalación de un ascensor en un edificio sin él suele ser una fuente de conflictos entre vecinos. ¿Están todos obligados a pagar? ¿Qué dice la ley? ¿Hay excepciones? En este artículo desde PROFF, especialistas en rehabilitación de edificios en Zaragoza, te explicamos de forma clara cuándo es obligatorio y qué derechos y deberes tiene cada propietario.
La legislación española ha evolucionado en los últimos años para favorecer la accesibilidad en los edificios, especialmente en comunidades con personas mayores o con movilidad reducida.
La Ley de Propiedad Horizontal y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad indican que:
Siempre que lo solicite un propietario con discapacidad o mayor de 70 años, la comunidad está obligada a realizar obras de accesibilidad, como la instalación de un ascensor, aunque no haya acuerdo mayoritario.
Además, la instalación será obligatoria cuando su coste anual no supere 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes por propietario.
Este es el supuesto más claro. Aunque el resto de los vecinos no estén de acuerdo, la comunidad debe asumir la instalación del ascensor si hay personas con necesidades especiales, siempre que el coste esté dentro del límite establecido por ley.
En otros casos, bastará con que la mayoría simple de los propietarios (y cuotas de participación) aprueben la instalación para que sea obligatoria para todos, incluidos quienes voten en contra.
Importante: No pagar, en estos casos, puede llevar a reclamaciones judiciales por impago de derramas.
Uno de los argumentos más comunes para no querer pagar es: “Vivo en un bajo, no lo necesito”. Sin embargo, la ley no exime automáticamente a ningún propietario del pago.
Aunque se puede llegar a acuerdos en junta, por norma general todos deben contribuir, salvo que los estatutos de la comunidad digan lo contrario.
Excepción: si el uso del ascensor es objetivamente nulo y así se recoge en los estatutos, podría excluirse a ese vecino del gasto. Pero esto no suele aplicarse a viviendas en planta baja, ya que en ocasiones también acceden a trasteros, garajes, etc.
Muchas comunidades optan por facilitar el pago a los vecinos con más dificultades económicas mediante cuotas mensuales.
En Zaragoza y en otras comunidades autónomas existen subvenciones para rehabilitación y accesibilidad, que pueden cubrir parte del coste de instalación del ascensor. En PROFF gestionamos estas ayudas como parte del servicio integral.
La instalación de un ascensor no es solo una mejora para quienes lo necesitan, sino también una revalorización del inmueble para todos los propietarios. Conocer la normativa y actuar con transparencia evita conflictos y facilita una convivencia más justa.
¿Estás valorando instalar un ascensor en tu comunidad? En PROFF te acompañamos desde el estudio inicial hasta la ejecución y tramitación de ayudas.